REDONDO REPARTE BILLETE A LA GARDUÑA

Sin rendir cuentas a nadie, el honorable Luis Redondo ha repartido unos 371 millones de pesos durante sus dos años y medio que lleva mamando la teta del Congreso, disfrazando sus mandracadas como “subvenciones”, que repartió a la garduña entre alcaldías, oenegés y, por supuesto, entre sus colegas de hemiciclo más pandos.

La distribución por año anda más o menos así: 25.8 millones en 2022, cuando usurpó la silla del Legislativo; otros 222.9 millones el año siguiente, y 122.2 millones adicionales en lo que llevamos de 2024. Todo ello pese a que se la ha pasado pelazón, con una parálisis legislativa de cinco meses en 2023 y un periodo de vacaciones que caprichosamente extendió a 47 días hace bien poquito.

Los que destaparon la olla fueron los de El Heraldo, que para confirmar el asunto acudieron al IAIP, donde les pidieron un chancecito de 10 días para recabar todo lo que había que recabar, pero cumplido ese plazo no asomaron el cacho, pese a que anualmente le otorgan al Congreso un diploma donde le reconocen su supuesta full transparencia, pese a que nada que ver.

Pero no hace falta ser un sabio para saber que la entrega de billete público a diputados sin dar explicaciones a nadie es una maña bien enraizada en el Legislativo, pues a ninguno de ellos conviene que se ventilen sus trapos sucios. Pero es que en el caso de la administración de Redondo las cosas han cruzado unas cuantas líneas rojas.

“Libre superó a los nacionalistas con creces. Salieron alumnos aventajados”, se atrevió decir Carlos Umaña, el doctor del PSH, para quien las entidades auditoras como el Tribunal Superior de Cuentos y el IAIP están de adorno y solo mueven las nalgas cuando se los ordenan desde arriba.

En fin, que, del monto repartido como confites por parte de Redondo, 346.2 millones han sido clasificado como “ayudas sociales”; 23.2 millones como “donaciones” a oenegés y otros 1.3 millones por el mismo concepto a las alcaldías, que no se sabe cuáles son. Además, también figura otra “donación” de 209,500 lempiras a instituciones descentralizadas y 100 mil pesos más para el gobierno central. Oiga bien.

Y suelen ser noviembre y diciembre los meses donde la repartidera alcanza su pico, y toda previa solicitud de los propios diputados, que se comprometen a supuestamente rendir un informe del derroche, aunque ninguno finalmente reporta nada.