Piden a fiscales apegarse a la legalidad
Estos dispararon directo al pecho, sin anestesia. Ante la opinión pública nacional e internacional, las 55 organizaciones integrantes de la Coalición Contra la Impunidad (CCI), se pronunciaron, bastante fuerte, respecto a la situación relacionada con la elección del fiscal general y del fiscal general adjunto.
Defacto, partícipe y cómplice de los criminales, así califican al fiscal adjunto, que estaba en funciones: “lamentamos que la clase política representada en el Congreso Nacional haya sido incapaz de llegar a los consensos necesarios para elegir de forma permanente a un Fiscal General y su Adjunto una vez que concluyó el mandato de cinco años de los anteriores fiscales, lo cual ha provocado que el Ministerio Público haya quedado acéfalo y con un Fiscal Adjunto de facto que fue partícipe y cómplice de que esta institución del Estado se haya convertido en una instrumento de la impunidad y en una herramienta de criminalización en contra de quienes defienden la vida, la tierra, los territorios, los bienes comunes y los derechos humanos”.
A los fiscales interinos, les exigieron que no se vayan por el camino pando, que se apeguen a la legalidad: “Exigimos al Fiscal General interino y su Adjunto, abogados Johel Zelaya y Mario Morazán, que mientras dure su interinato, se apeguen irrestrictamente a la legalidad constitucional e internacional, reactiven inmediatamente el Consejo Ciudadano establecido en el artículo 79 de la Ley del Ministerio Público y convoquen a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras con el fin de elaborar conjuntamente entre las tres instancias un plan de emergencia orientado a realizar un diagnóstico de la situación en que se encuentra el Ministerio Público y a adoptar las medidas oportunas para su fortalecimiento y la recuperación de la confianza ciudadana”.
El llamado fue extensivo a la población en general y a los diputados que parecen empeñados en generar caos y sembrar zozobra: “Invitamos a las personas diputadas del Congreso Nacional y a quienes desde afuera influyen en sus acciones, a abandonar sus temores e intereses particulares, a sentarse a dialogar y a alcanzar los consensos necesarios y enmarcados en la ley para la creación de condiciones que a) eleven la confianza social en la institucionalidad democrática; b) favorezcan el reconocimiento, goce y disfrute de los derechos humanos; c) contribuyan a un desarrollo humano incluyente que reduzca la pobreza y la desigualdad; d) establezcan alternativas ante la migración y el desplazamiento forzado; e) reduzcan espacios a la corrupción y la impunidad; y, f) fortalezcan las prácticas y las instituciones de la democracia”.