ONU LE TEME A LOS CHAFAS

Tan mala fama tienen los chafas que asustan a los de la Organización de las Naciones Unidas. Y aunque es largo el rosario de problemas y conflictos que vive el país, el organismo internacional está en alerta por los efectos de la militarización en la seguridad pública y cárceles en Honduras

En Ginebra pegaron el grito al cielo. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dijo que es preocupante el aumento de la militarización en la seguridad pública y en el sistema penitenciario de Honduras. Y no es por nada, pero, sostuvo que esto coincide con un aumento de denuncias recibidas por su organismo sobre maltratos perpetrados por policías militares.

O sea que si tienen cola que les pisen. “Tras el trágico atentado perpetrado en junio en la prisión de mujeres de Támara, en el que murieron 46 reclusas, el gobierno devolvió la administración del sistema penitenciario a la policía militar. Desde entonces hemos recibido informes de que algunas de las acciones de la policía militar pueden constituir malos tratos”, expresó el funcionario.

Monedita de oro no son los uniformados. En la presentación del informe anual de su organismo sobre Honduras, Türk sostuvo que también preocupa el prolongado estado de emergencia en este país, que lleva en vigor más de 15 meses y otorga a la policía nacional y a la policía militar poderes para llevar a cabo detenciones y registros sin orden judicial.

El organismo internacional, reiteró que Honduras se mantiene “como uno de los países más peligrosos del mundo para las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente”. Informó de que los ataques contra defensores de los derechos humanos y periodistas aumentaron en 2023, con unas 561 víctimas de agresiones.

Según el informe presentado por el Alto Comisionado, “al menos 15 defensores de los derechos humanos y dos periodistas fueron asesinados. Mi oficina anima encarecidamente al gobierno a reforzar el Mecanismo Nacional de Protección y a poner en marcha todas las medidas institucionales necesarias para protegerlos. La violencia y la inseguridad siguen estando muy enraizados, en particular la que afecta a las mujeres y a las personas LGBTQ+, con 380 muertes violentas el año pasado entre las primeras, y 47 asesinatos en el segundo colectivo”.

 

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