OABI: ESTRUCTURA CRIMINAL EN EL HORIZONTE

El director ejecutivo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marcos Zelaya, ha salido con todo a denunciar a una presunta estructura criminal que, según él, está conformada por bufetes, jueces y abogados que han encontrado la receta perfecta para saquear los bienes incautados del Estado.

¿Cómo lo han hecho? Juicios amañados, sentencias que parecen salidas de un manual de cómo no hacer justicia y, claro, una buena dosis de astucia para vaciar las arcas públicas.

“Es como una banda organizada, pero con trajes y corbatas”, afirmó un indignado Zelaya, quien además señaló que, al parecer, algunos abogados se dieron unas vacaciones extendidas en ética profesional. “Han subrogado la posibilidad de no recurrir a sentencias que, para mí, huelen a prevaricato”, disparó.

Zelaya para no sentirse solo. Ha lanzado un llamado desesperado a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, para que le dé una mano y, si es posible, un martillo judicial. Según él, jueces y abogados se han aliado para orquestar lo que podría ser el golpe del siglo, con contratos amañados que han convertido a la OABI en una piñata de la que todos quieren sacar un pedazo.

El daño no es poca cosa. Según Zelaya, estamos hablando de un fraude que podría superar los 800 millones de lempiras, una cifra que pondría a cualquiera a sudar frío. “¡Y adivinen quién paga por esto! Todos nosotros, el pueblo hondureño. Porque al final, cuando el Estado pierde, lo que realmente pierde son los impuestos que salen del bolsillo de cada ciudadano, comentó.

Pero hay más cifras aterradoras: 90 millones de lempiras en demandas ya ejecutadas, 220 millones por ejecutar y entre 50 y 80 demandas en proceso. Todo un festín de billetes que, por lo visto, estaba bien orquestado. Zelaya no dudó en comparar este caso con otros escándalos que han sacudido instituciones como el Instituto de la Propiedad (IP) o COPECO. “Parece que aquí el deporte nacional es defraudar al Estado.