MÁS REQUERIMIENTOS MP NO QUIERE DEJAR TÍTERE CON CABEZA

El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), ha decidido sacudir el avispero y presentar un nuevo requerimiento fiscal contra un grupo de exfuncionarios del gobierno 2018-2022, acusados de cometer un pequeño “desliz” que le costó al pueblo hondureño más de 63 millones de lempiras (L 63,839,377.80).

¿El motivo? La compra de ventiladores mecánicos para pacientes de COVID-19 que nunca llegaron a cumplir su propósito, porque, bueno, llegaron incompletos. Algo así como comprar una

Entre los acusados ​​tenemos a nombres ilustres como Lisandro Rosales, excanciller de la República; Gabriel Rubí, excomisionado de COPECO; Jessica Canahuati, excónsul en Nueva York, y otros exfuncionarios de COPECO, quienes se enfrentan a cargos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. Parece que la pandemia no solo nos trajo mascarillas y distanciamiento social,

Según las investigaciones, mientras la población agonizaba y el oxígeno escaseaba, estos ilustres personajes encontraron la manera de “aprovechar” la emergencia sanitaria para llenar sus bolsillos. Y, claro, ¿quién necesita documentación o actas de entrega cuando lo que importa es la eficiencia en hacer transferencias bancarias?

La situación alcanza niveles de alarma e indignación cuando descubrimos que los ventiladores, esos dispositivos que se suponían iban a salvar vidas, nunca llegaron a usar. Están almacenados en bodegas hospitalarias, donde seguramente hacen un gran trabajo… acumulando polvo. Este caso no es más que una cruel burla a la desesperación de todo un país que enfrenta altos niveles de corrupción.