MÁS BOZALES QUE SOLUCIONES

Más quisquillosa de lo que se pensaba salió la prima Carla Paredes, en su condición de jefa de la Comisión Interventora del Seguro Social, donde llegó a obligar a los empleados que ahí chambean desde hace años a firmar un “acuerdo de confidencialidad” para evitar que anden filtrando a los medios y en las redes las barrabasadas que ahí ocurren.

“Declaro que he leído y conozco la Política de confidencialidad… De igual manera declaro que he recibido un ejemplar de dicha política, obligándome a su cumplimiento en lo que fuere de mi competencia, derivado de las funciones que desempeño como empleado del IHSS” dice el documento en su página uno, donde se pide además la firma y demás datos del obligado.

Así, al más puro estilo de las dictaduras a las que tanto les gusta criticar, busca imponer Paredes la ley del bozal, porque es perfectamente consciente de que mucho tiene que perder si le empiezan a ventilar cositas ocurridas en el interior del centro asistencial, mundialmente conocido por el trato degradante que muchas veces profesa su personal en contra de los derechohabientes, como si es que estos no pagan para que les den un trato al menos digno.

El “acuerdo”, además, obliga a los trabajadores a cumplir ocho puntos que van en consonancia con el bozal, y en los que básicamente se comprometen a hacerse la vista gorda en caso de que asistan como testigos presenciales o testimoniales de un Seguro Social al que, según la ministra, recompondrá en menos de lo que canta un gallo, pese a que en la Sesal ya se voló poco más de un año y aquello no ha hecho más que empeorar.