GOBIERNO DE LIBRE APLAZADO EN DERECHOS HUMANOS
Andamos mal en el tema de derechos humanos. La organización internacional, Human Rights Watch (HRW) alertó en su informe anual sobre los retrocesos democráticos experimentados en 2023 por varios países de América Latina gobernados por líderes que socavaron la separación de poderes. Lo que representa retrocesos democráticos en varios países de América Latina.
«Desafortunadamente, no ha sido un buen año para los derechos humanos en la región», afirmó la directora para América, Juanita Goebertus, durante la presentación del informe en la ciudad brasileña de São Paulo. Goebertus destacó tres tendencias en América Latina: las amenazas al derecho al voto y a la participación política, el deterioro de la seguridad y el «debilitamiento» de las instituciones encargadas de controlar el ejercicio del poder.
El informe destacó las esperanzas frustradas en países como Honduras, donde la presidenta Xiomara Castro “ha fallado en su promesa de fortalecer los derechos humanos y las instituciones democráticas”. El gobierno de la refundación está aplazado en el tema de derechos humanos.
En Centroamérica, Guatemala y El Salvador se unieron a la ya conocida preocupación por la deriva autoritaria en Nicaragua, país que HRW considera una dictadura junto con Cuba y Venezuela. El Gobierno del nicaragüense Daniel Ortega, dice HRW en su informe, “continúa reprimiendo a todos los sectores de la sociedad” y su aislamiento internacional se ha profundizado.
Mientras, en El Salvador, la ONG acusa al presidente Nayib Bukele de “socavar sistemáticamente el sistema de frenos y contrapesos democráticos” en su intento por salir reelegido en los comicios de este año.
En la misma línea, la ONG señala que en Colombia la estrategia de la “paz total” anunciada por el presidente Gustavo Petro para pacificar el país “no ha logrado reducir los abusos” de grupos armados contra la población civil, con 52 masacres registradas en la primera mitad del año.
Por otro lado, HRW apunta a la disminución del crimen en el país centroamericano, pero a costa de “violaciones generalizadas de derechos humanos” por parte del Gobierno en su respuesta policial a las pandillas.
HRW también ve retrocesos en Guatemala, donde la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, trató de revertir los resultados electorales que dieron la victoria a Bernardo Arévalo “mediante la apertura de causas penales por motivos políticos”. Un uso político de la Justicia que también percibe en Bolivia, debido a una definición “excesivamente amplia” de terrorismo que permite abrir causas contra opositores políticos.
