EXTORSIÓN CAMPA A SUS ANCHAS

Le mandó decir la ASJ a Gustavo Sánchez que se deje de tanta paja y se ponga mejor a trabajar en vez de andar haciéndole la comparsa en la campaña política a sus patrones de Casa Presidencial, porque al cierre del año pasado, 304 mil 388 hogares catrachos la vieron prieta con la extorsión a la que se vieron sometidos.

Una cifra que pone el pellejo engrifado y que confirma a todas luces el fracaso de un estado de excepción que, además seguir vigente de forma ilegal, solo ha servido para drenar billete del Estado a través de la secretaría de un ministro que pese a la contrastada y constatada evidencia nunca dio el ancho.

“Desde diciembre de 2022, mediante la aplicación de un estado de excepción, el gobierno busca frenar la extorsión, pero los resultados indican lo contrario”, dijo Nelson Castañeda, de la ASJ, durante la presentación de un nuevo informe al que acertadamente llamaron ellos “La ilegalidad del estado de excepción”.

Y eso que, desde noviembre de 2022, cuando entró en vigencia por vez primera la medida, se han hecho más de 43 mil allanamientos, más de 53 mil detenciones, más de 16 mil órdenes de captura, y más de 8 mil carros y más de 45 mil motos han sido decomisados. “No obstante, la extorsión sigue golpeando a los hogares hondureños”, dijo Castañeda.

Y póngale además la calculadora a lo siguiente: Solo en 2022, 226 mil 262 hogares fueron extorsionados; en 2023, la cifra subió a los 286 mil 533; y en 2024 alcanzó los 304 mil 388. O sea, mientras el delito se ha expandido como un virus, Gustavo Sánchez no vacila a la hora de salir a vender humo falseando los datos.

Dijo además la ASJ que las declaratorias de estado de excepción no cumplieron ni por cerca con el proceso establecido, en algunos casos por culpa de los muelas del Congreso Nacional o porque ésta excedió el tiempo establecido, y por ende no les dio chance de meterlo en La Gaceta. Es decir, apenas una de las 18 declaraciones del estado de excepción fue legal. Nada nuevo sobre el horizonte.