DEPORTADOS: PLAN DE CONTINGENCIAS ¿CÚAL?

Ante el anuncio de masivas deportaciones de hondureños desde los Estados Unidos, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha encendido las alarmas y solicitado al Estado hondureño lo que parece ser el equivalente a pedir perlas en el desierto: un plan de contingencia que aborde individualmente las necesidades de cada persona deportada.

Bienvenidos a la incertidumbre

Según Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, entre los deportados no solo hay quienes buscan oportunidades económicas, sino también compatriotas que huyeron de sus barrios y colonias por ser algo más parecido a un campo de batalla que a un hogar. La lógica es sencilla: no pueden volver a donde la amenaza persiste.

La solución, dice Reyes, está en la implementación de la Ley para la Atención, Protección y Prevención a las Personas Desplazadas. ¡Qué maravilla! Una ley que, si bien existe en el papel, parece más un recordatorio de lo que debería hacerse que una guía práctica de acción.

¿Un plan de contingencia o un milagro? El Conadeh sugiere que el Estado debe ofrecer alojamiento temporal, reubicación, y todo un paquete de reintegración social para garantizar la seguridad de los deportados. Suena bien, pero considerando que el Estado a menudo tiene problemas hasta para garantizar el agua potable, uno se pregunta si este plan se ejecutará con la rapidez y eficiencia necesarias o si será otra iniciativa que termine perdida entre discursos y promesas vacías.

Mientras tanto, los deportados, al llegar, enfrentarán un país con altos índices de violencia, pocas oportunidades laborales, y un gobierno que frecuentemente trata la migración más como una estadística que como una crisis humanitaria. ¿Alojamiento temporal? Tal vez en las casas de familiares, si tienen suerte. ¿Reubicación? Solo si encuentran la manera de financiarla ellos mismos.