DECLARAN CULPABLE A HONDURAS

Llegó abril y con él las buenas noticias. Bueno, todo depende desde la perspectiva que se vea. Buena noticia para los magistrados, mala noticia para Honduras, que deberá seguir pagando las cagadas del expresidente Juan Orlando Hernández y sus ínfulas de dictador.  Y de sus decisiones al margen de la ley.

Honduras fue declarada culpable. Resulta que la terrible Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó al Estado de Honduras su responsabilidad internacional por la destitución ilegal de cuatro ex magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Cuya destitución fue un caprichito de JOH en el año 2012. Y ya no podemos decirle “que pase el desgraciado”.

La sentencia de la CIDH determinó que las víctimas fueron destituidas por una autoridad sin competencia, lo cual constituyó una violación de la garantía de independencia judicial. Los magistrados perjudicados por esta destitución fueron José Antonio Gutiérrez Navas (presidente), Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel.

La condenada corte concluyó que esta acción representó una desviación de poder, ya que el Congreso Nacional utilizó su facultad de aprobar o desaprobar la conducta administrativa del Poder Judicial para castigar a los magistrados por sus decisiones y ejercer presión externa sobre el Poder Judicial. Honduras violó las garantías judiciales y el principio de legalidad. Como no está JOH que le pasen la cuenta a los diputados que aprobaron está moción, hay siguen algunos de ellos mamándose el presupuesto público.

Otros pagarán los patos. La sentencia dice que a las cuatro “víctimas inocentes” se les deberá pagar una indemnización que ronda los 25 mil dólares americanos. Que lindo. Si supiera la CIDH que ni dólares hay en el país.

“Tranquilos, yo pago esta”, dijo la Procuraduría General de la República. Y respondió que coordinará las acciones con las instituciones estatales vinculadas entre ellas, Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional y Secretaría de Derechos Humanos para el cumplimiento efectivo de la sentencia de alto tribunal interamericano. Claro, no le queda de otra. Sentencia es sentencia.

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