CAPRICHO TRIBUTARIO CARO Y ARRIESGADO

Más o menos a 250 millones de pesos saldría el capricho del gobierno refundidor de consultar al populacho si queremos o no la mentada Ley de Justicia Tributaria, que lo único que dejaría a cambio sería más gente deschambada, más impuestos y, por consiguiente, una energía eléctrica más “careta” y el precio de los alimentos por las nubes.

Ese es el riesgo al que nos quieren someter con una ley, que no es más que un trancazo al bolsillo, disfrazado de “equidad”, propuesta ideada en esencia por el perverso amigo del castrozelayismo, Rafael Correa, expresidente ecuatoriano que, para que nos vayamos entendiendo, fue condenado en su país por aceptar sobornos a cambio de otorgar contratos gubernamentales a empresas de dudosa reputación.

Y todo por la insistencia de Libre de querer mantener en el puesto a Luis Redondo, cuyo único mérito es ser fiel mandadero de Mel, pues ha sido la incapacidad de este siniestro personaje lo que impide llegar a un consenso con la oposición para lograr los 86 votos necesarios y ahorrarse así la consulta popular, que es lo que el mandadero sugirió como alternativa tras volver a fallar en los consensos.

Una consulta popular que podrá ser cualquier cosa, menos adecuada y racional, porque no se puede poner en manos del sesgado pueblo catracho el futuro de la economía nacional para que le dé, mediante un plebiscito, el visto bueno a una ley tributaria que ni siquiera entiende, entre otras razones, porque tampoco nadie se ha tomado la molestia de explicar sus implicaciones.

Implicaciones que según algunos entendidos llevarían a aumentar un 15% y hasta un 40% los impuestos para la Industria y el Comercio, que son actividades sacadas a flote, en gran medida, por las “diez familias” a las que los promotores de la ley se han encargado de demonizar, pero que, a la larga, le pese a quien le pese, son las que manejan las varas y generan riqueza y beneficios al país.

Una riqueza y unos beneficios a los que los refundidores quieren echar mano aprobando la dichosa ley, pese a no haber producido nunca ni riqueza ni beneficios y aun así dar lecciones de cómo hacerlo, creyendo que el país, o mejor dicho el desarrollo del país, solo puede ser sostenible en función de aplicar las aberrantes ideas que se les cruzan por la mente.

En definitiva, que lo de pretender exprimir con impuestos a quienes producen riqueza y exonerar de su pago a quienes solamente se aprovechan de ella no es algo viable, por más que lo intenten vender como algo justo y equitativo, pues de ser así solo se estaría incentivando la cultura parasitaria que, visto en perspectiva, favorecería los intereses de la clase gobernante de turno.