BUKELE RECRUDECE SU CONTROL MILITAR
El Salvador anunció este sábado la creación de un cerco de seguridad en torno a cinco barrios en el norte del país, donde se registra una fuerte presencia de bandas criminales. En total, el Ejecutivo ordenó la movilización de 3.000 oficiales -2.000 soldados y 1.000 policías armados con fusiles- a la localidad de Apopa, 13 kilómetros al norte de la capital.
“Luego de varias denuncias ciudadanas, acabamos de instalar un cerco de seguridad en las colonias Tikal 1, 2 y 3, Valle del Sol y La Chintuc, en Apopa”, escribió el presidente Nayib Bukele en su cuenta de X junto con un video en el que se ve a los miles de efectivos trasladándose a pie hasta estos puntos, mientras otros lo hicieron en carros.
En estos sitios, ya comenzaron a operar los retenes vehiculares en las entradas de las calles y los pasajes, y se ha conseguido, hasta el momento, la detención de cuatro pandilleros de la banda 18 Revolucionarios que, junto con Mara Salvatrucha (MS-13), son los principales grupos violentos que operan en el país.
El refuerzo de la seguridad en estas localidades se da en el marco de la lucha contra las pandillas que en febrero de 2022 Bukele prometió y por la que el país está bajo régimen de excepción desde el 27 de marzo de 2022. Entonces, la inseguridad y la violencia habían llegado a un récord, con 87 homicidios en un sólo fin de semana y múltiples atentados contra la sociedad a diario.
Desde entonces, las fuerzas de seguridad comenzaron a realizar importantes operativos en todo el país, que llevaron a la detención de más de 79.200 sospechosos. Esto permitió reducir significativamente la tasa de delincuencia en el país, uno de los pilares de campaña de Bukele el año pasado, cuando anunció que iría por la reelección y, finalmente, lo consiguió este 4 de febrero.
“El Salvador es oficialmente el país más seguro de toda Latinoamérica. Gracias a Dios”, celebraba el mandatario en enero y destacaba, a su vez, que 2023 había sido “el año más seguro en la historia” de la nación, con 154 homicidios, que supone una tasa de 2.4 por cada 100.000 habitantes y un promedio diario de 0.4. Esto se tradujo, también, en 518 días sin asesinatos frente a los solamente dos de los últimos tres quinquenios.
No obstante, ello vino acompañado de un sinfín de denuncias de organismos defensores de derechos humanos, que advirtieron de tratos inhumanos, arrestos injustificados y muertes bajo custodia policial. Por ejemplo, Amnistía Internacional reportó más de 6.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos -principalmente provenientes de detenciones arbitrarias y torturas- y unos 240 fallecimientos de reos bajo custodia estatal. Inclusive, apuntó que la violencia de las pandillas se ve ahora sustituida por la estatal, perpetrada por militares y policías en comunidades empobrecidas.