TRATA DE PERSONAS TIENE “CÓMPLICES PÚBLICOS”
Ya es mucha casaca le dicen las organizaciones defensoras de derechos humanos al Estado de Honduras. Y exigieron el cumplimiento íntegro de la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas.
No basta rezar, y hasta Los Guaraguao lo saben. En casos, como el de Angie Peña, la actuación rápida, interesada y profesional de los entes policiales hacen la diferencia. Hay protocolos nacionales e internacionales ya establecidos en este tipo de delitos. Los conocen, han sido capacitados. ¿Pero, por qué no se aplican? Es la gran interrogante.
El caso Angie Peña sirvió para desenmascarar que en el país operan, en total impunidad, estructuras criminales dedicadas a la trata de personas, donde las principales víctimas son mujeres y niñas. Pero también reveló que para sus operaciones necesitan cómplices, que regularmente están vinculados con cuerpos policiales y operadores de justicia. En otras palabras, están metidos hasta los queques y para eso si son expertos.
En un pronunciamiento público, las 16 organizaciones de derechos humanos reconocen “el importante impulso a las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público desde la llegada de las nuevas autoridades del ente fiscal, así como la oportuna coordinación con la Secretaría de Seguridad para lograr la identificación de todos los miembros de esta estructura criminal y la captura de algunos de ellos”. Como lo ha gritado la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, a los cuatro vientos, mientras el ministro guarda silencio y evade reuniones.
Sin embargo, expresaron “su preocupación por el involucramiento de policías y servidores judiciales en este delito, lo cual ratifica la necesidad de realizar una profunda revisión y transformación de los mecanismos de acceso, permanencia y separación de los agentes estatales del sector justicia y seguridad, con el fin de evitar que algunos de sus miembros formen parte de estructuras criminales responsables de este terrible crimen”. En el pronunciamiento también lamentaron “la falta de respuesta del secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez”.
