JOH-DIO A HONDURAS

Hoy si ya JOH-dimos. El indómito fue declarado culpable y esa declaración es una sentencia para Honduras y su sistema de justicia. Se confirman verdades que eran secretos a voces. Lo sabíamos, guardamos silencio y nos volvimos cómplices. Ahora Honduras pagará los patos.

Primero, y lo más lamentable, es que se confirma a Honduras como un narco estado. Desde la más alta jerarquía hasta las estructuras de abajo. Todos conspirando y facilitando el narcotráfico. El mero, mero se volvió un peón de los cárteles y un amigo de los narco dólares. Tenía todo el poder y las influencias para permitirlo, era el Presidente de la República y les puso al país en bandeja de plata. El juicio fue una radiografía.

Segundo, se confirmó un sistema de justicia no sólo coludido con el crimen organizado sino también corrupto e inoperante. Enloda toda la institucionalidad, porque ni el Ministerio Público (Fiscalía), ni la Corte Suprema de Justicia, ni la Policía Nacional, ni el Ejército se salvan. Lo permitieron, le ayudaron al jefe, fueron cómplices.

Tercero, el sistema político hondureño, toda la estructura, incluyendo los partidos políticos y los mismos políticos que reciben financiamiento del narcotráfico para sus partidos políticos, sus campañas políticas y la infiltración de candidatos en las planillas de cargos de elección popular, para representar sus intereses. Dando como resultado narco políticos, narco funcionarios, narco gobierno. Por eso después, siendo gobierno,

Comprenden por qué digo que nos JOH-dio. El daño es profundo y Honduras pagará las consecuencias, nadie está pensando en ello. Ojo, el narco tráfico no va terminar porque le den cadena perpetua a JOH. “La sentencia contra Juan Orlando Hernández es una oportunidad histórica, es un parte aguas en la historia nacional que podría permitirnos poder fortalecer la institucionalidad democrática. Sin embargo, lo que está claro es que Juan Orlando Hernández solamente es la cabeza visible de una estructura que todavía sigue vigente y que ha penetrado a la institucionalidad del Estado y que no es posible hacerlo por sí sola”, dijo el abogado y doctor en derechos humanos Joaquín Mejía.

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