AUTORIZAN COMPRAS DIRECTAS A “LA DUEÑA DE LOS HOSPITALES”

A Carla Paredes la van a tener a manos llenas en el Seguro Social, donde la refundación la acaba de nombrar capataz de la junta interventora para que ponga orden al desmadre imperante, aún y cuando no ha sido ella capaz de remediar el cagadal igual o peor que tiene montado en la Sesal.

Y es que recién llegadita al puesto, todo apunta a que no tardan en autorizarle, mediante PCM, que pueda hacer contrataciones directas, algo que en buen caliche significa que tendrá luz verde para comprar todo lo que le dé la santa y regalada gana, sin perder tiempo en licitaciones y vainas de esas.

Algo que en automático paró las antenas a algunos, ya que estamos hablando de que el presupuesto del Seguro es de 3,600 millones de pesos por la actual vigencia de algo llamado “Ley para la regulación de aportaciones y cotizaciones del Seguro Social”, que publicaron en La Gaceta el pasado junio.

Un billetal que, sin embargo, solo podría utilizarse para construcciones y otras obras civiles, como mencionó Carlos Umaña, diputado y además doctor de ese centro hospitalario, quien recordó a la ministra que esos fondos “son intocables”, y que “no se pueden utilizar para gasto corriente del Seguro”.

Sin embargo, el temor, lejos de disiparse, más bien empeora por la temporada preelectoral en que estamos, ya que algunos, como la ASJ, han advertido de lo “lamentable” que sería que los interventores echen mano de ese billete “para otros fines” que no sean atender a la población como Dios manda.

Y si bien es cierto el tal PCM aún no ha sido aprobado, los de El Heraldo, que andan en todo menos en nada, como que ya tuvieron acceso a él, notando que en su artículo 7 establece que la Interventora comandada por Carla “podrá realizar, mediante el proceso de contratación directa, la adquisición de bienes, servicios, suministros, medicamentos, arrendamiento de bienes, contratación de servicios de consultorías y/o auditorías, que sean absolutamente necesarias para garantizar el correcto funcionamiento” del Seguro “como un servicio público”.

Llegados a este punto, habrá que estar chivas, porque tampoco es que una comisión interventora sea garantía de nada, menos aun tratándose del Seguro Social, donde ya en 2014 el gobierno del indómito nombró una comisión con los mismos poderes, y el molote ahí ha seguido como si nada.