REDONDO, EN EL FILO DE LA NAVAJA

La colección de mandracadas acometidas por el conserje de Libre, Luis Redondo, desde que usurpó la silla del Congreso a inicios de 2022 no tiene fin, y si aún no lo ha sopapeado la justicia por tales aberraciones es porque ha cumplido a la perfección su papel de mascota del oficialismo, ya que su lista de trastadas incluye casos de abuso de autoridad, usurpación y traición a la patria, entre otras.

Y vaya que son muchos los que así lo creen, por lo que al gato del comandante hasta se le podría aplicar un juicio político, si fuese éste un país institucionalmente serio, ya que estaríamos hablando hasta de la comisión de “delitos penales”, según dejó entrever Maribel Espinoza: “Ni siquiera es abogado y es lamentable que, sin serlo, pretenda mediante cartas hacer análisis que atropellen las leyes y que, como consecuencia, cometa delitos”.

Se refiere la precandidata colorada a los pseudo análisis jurídicos que el rechoncho del bombo suele exponer desde su atril cada vez que no encuentra una mejor opción de justificar sus desmanes, como por ejemplo haber negado recientemente la palabra a la bancada cachureca en el Legislativo, que por mucho que a él no le guste, tiene todo el derecho de pedirla y hacer uso de ella.

Pero vamos por partes, porque entre las ilegalidades del conserje está, por mencionar un ejemplo, el haber usurpado a los 128 diputados de la cámara cuando en julio de 2023 él, por orden de sus amos, nos metió a huevos al CAF pese a que el oficialismo al que representa solo ajustó 50 pírricos votos, cuando se requerían 65, como mínimo.

“Usurpó el poder de cada uno de los diputados, y eso sería causal suficiente para que los mismos diputados lo llamen a juicio político, como lo establece el artículo 5 de la Ley de Juicio Político”, explicó a El Heraldo el experto constitucional, Oliver Erazo, todo un entendido en la materia.

Y qué decir cuando puso la cereza al pastel en noviembre del mismo año, cuando él y la Comisión Permanente del Congreso, instalada de forma paralela y mandraquera la noche previa del 31 de octubre, impusieron a los activistas Johel Zelaya y Mario Morazán como fiscales generales y adjunto del Ministerio Público, aún y cuando Daniel Sibrián, ante la salida del predecesor Óscar Chinchilla, había asumido legalmente al cargo.

Con todo ello, según sus detractores, ha violentado Redondo el artículo 205 de la Constitución, que en síntesis establece las potestades y atribuciones de los diputados, coincidiendo todos ellos en que ha lacerado Redondo la Ley Orgánica del Congreso, que en su artículo 63 indica que “las decisiones del Congreso Nacional se tomarán por el voto de la simple mayoría de los diputados presentes, excepto en los casos específicos que determine la Constitución de la República. El voto podrá ser afirmativo, negativo o de abstención. Ningún diputado podrá excusarse de emitir su voto”. Que Dios lo agarre confesado el día que por fin le toquen la puerta.