MINISTERIO PÚBLICO EN EL OJO DEL HURACÁN
El caso del juez Marco Vallecillo está más caliente que un cura en guardería, con el hombre insistiendo en su inocencia y denunciando que quienes lo mandaron a enchachar le borraron del teléfono la evidencia que demostraría que las cosas no son como las están pintando, y asegurando que todo se trata de una persecución bien montada desde el Ministerio Público, que inició “por un comentario que realicé de un funcionario público de alto nivel”.
Tan resuelto a morir matando anda el hombre que ni siquiera titubeó para mentar con nombre y apellido a Johel Zelaya, el fiscal refundidor a quien señaló porque fue el que “me mandó a reunirme con esta persona” en el momento que dizque le encontraron 3 millones de pesos en la bolsa, un pistal que sin embargo jura que no es suyo: “No sé de dónde lo han sacado”.
Según Vallecillo, muy a su pesar lo han convertido en “el trofeo de esta lucha falsa contra la criminalidad organizada”, pues hasta “manipularon mi teléfono celular, el cual entregué de manera voluntaria”, borrando de él “los audios que me apartan por completo de toda esta acusación”, además de las fotos que demostrarían las presiones que dijo haber recibido de ciertas crías, lo que lo tiene convencidísimo de que todo se trata de “una persecución de título personal”.
Y es que ya lo había explicado antecito, en un audio que envió y se viralizó tras su captura, y en el que asegura que le hicieron “una encerrona”, acusándolo de “extorsión”, por lo que urgió a sus allegados a hacer todo el ruido posible para que los medios le den seguimiento paso a paso, porque “voy a declarar todo, voy a enmierdar a un montón de gente”. Un aviso a navegantes y que tiene con las orejas de punta a más de uno en el poder judicial refundidor, sobre el que ahora apuntan todas las miradas.
Y entre esos “enmierdados”, como decíamos, está Johel Zelaya encabezando la lista, pero detrás de él es de suponer que irán saliendo unos cuantos más, lo que daría razón a Vallecillo, que sigue gritando a los cuatro vientos que “esto es una injusticia, una estupidez”, pues el fin único y último de toda la trama sería, según él, inculparlo para proteger a un testigo protegido.
Testigo protegido que, según las malas lenguas, sería una alta poporoila y al que, según el propio juez, le impidieron poder interrogar pese a estar en su derecho de hacerlo tras haber solicitado ser el propio representante de su caso, aduciendo que “fui yo el que lo sentó con el fiscal general” y ahora es él quien tiene todas las cruces encima, clara muestra de la pudrición que predomina en ese poder del Estado.
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